La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) advirtió, que desde el Congreso se estaría promoviendo un proyecto de ley, la cual causaría un incremento en las tarifas de agua. Como también, ocasionaría una menor distribución del recurso hídrico a todas las ciudades.
No obstante, Sunass mencionó que es el congresista José Jerí Oré (Somos Perú) quien ha propuesto incluir en la Ley de Presupuesto de 2022, la transferencia del fondo de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE-H), en las manos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
El ente regulador explicó, que los recursos que son obtenidos para el MERESE-H provienen de las tarifas de agua, que cobran las Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS), puesto que estos no pueden utilizarse como recursos ordinarios para un ministerio.
“Transferir las reservas de las EPS al Midagri traería consigo un perjuicio para la población usuaria, ya que impediría ejecutar los proyectos priorizados para darle sostenibilidad a los servicios de saneamiento y usar el recurso aportado por los usuarios a través de su tarifa por el servicio con fines distintos para los que fueron creados. Con la posible consecuencia de reducir el agua para las ciudades e incrementar costos”, dijo Sunass a un conocido medio local.
“El Midagri, por su competencia priorizará agua para riego o agricultura, no para consumo humano, que es para lo que pagamos los usuarios de los servicios de saneamiento”, añadió.
PROYECTO DE LEY SIN CONSULTAR
Iván Lucich, presidente de Sunass, aseguró que la iniciativa no ha sido consultad con Sunass y que esta se promueve “sin ninguna referencia al marco legal vigente como la Ley que regula los MERESE (Ley 30215) y el DL 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento que regula los Merese”.
Asimismo, el titular del ente regulador recordó que los MERESE-H, en el sector saneamiento, no solo buscan la sostenibilidad de los usuarios de saneamientos, sino que también conectan a los usuarios de agua potable, con las comunidades campesinas aledañas a las fuentes de agua y a los grupos impulsores, permitiendo gestionar los conflictos por el agua.
“Este trabajo no se puede desnaturalizar y desconocer los compromisos vigentes entre las comunidades y las empresas, ni tampoco el aporte de los usuarios con fines de sostener su servicio de saneamiento”, señaló Lucich.
