Australia está afinando los detalles de la normativa que obligará a las plataformas digitales a impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas activas. Aunque la medida no sanciona a los usuarios ni a sus padres, sí impone una fuerte responsabilidad sobre las empresas tecnológicas, que podrían enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares por incumplimientos reiterados. El Gobierno exige el uso de sistemas de verificación de edad más allá de declaraciones voluntarias, pero no ha definido un método único: las compañías deberán recurrir a herramientas que van desde documentos de identidad oficiales hasta análisis biométricos o inferencia de edad.
Empresas bajo presión regulatoria
Meta ya anunció que empezará a cerrar perfiles adolescentes desde el 4 de diciembre, con la posibilidad de que los usuarios verifiquen su edad mediante un documento o un video selfie si consideran que fueron bloqueados por error. Otras plataformas incluidas en la lista —como TikTok, Snapchat, X, YouTube o Reddit— aún no han detallado cómo cumplirán la normativa. La regulación excluye servicios como YouTube Kids, Google Classroom y WhatsApp, al no considerarse redes sociales bajo los criterios oficiales. A la par, el Ejecutivo australiano evalúa incorporar los videojuegos en línea, lo que ha llevado a plataformas como Roblox y Discord a introducir controles preventivos.
La efectividad de la prohibición sigue en entredicho, especialmente por la fiabilidad de los métodos de verificación. El propio informe encargado por el Gobierno concluyó que el reconocimiento facial es el mecanismo menos preciso para el grupo de edad afectado. También existe preocupación por la posibilidad de que adultos sean rechazados incorrectamente o que adolescentes encuentren modos de eludir los controles, lo que plantea dudas sobre el impacto real de la medida. Exejecutivos del sector han señalado, además, que las sanciones económicas podrían no resultar disuasorias para gigantes tecnológicos de ingresos millonarios.
Riesgos, críticas y privacidad
La iniciativa también ha generado interrogantes sobre la protección de datos personales, dado que la verificación de edad implicará recopilar y procesar información sensible. En un país que ha enfrentado repetidas filtraciones de datos, expertos temen un incremento en la exposición a riesgos de seguridad. El Gobierno sostiene que la ley incorpora salvaguardas estrictas: los datos solo podrán usarse para verificar la edad y deberán eliminarse inmediatamente después. Asimismo, obliga a las empresas a ofrecer alternativas a la identificación oficial, para reducir la cantidad de información almacenada.
El sector tecnológico ha mostrado su rechazo desde que el proyecto fue anunciado. Varias compañías advierten que la regulación será difícil de implementar, elevará los riesgos de privacidad y empujará a los menores a espacios menos visibles y más peligrosos de internet. Algunas plataformas incluso discuten la posibilidad de emprender acciones legales, como sería el caso de Google respecto a la inclusión de YouTube. Pese a su compromiso de cumplir la norma, empresas como TikTok y Snap mantienen su postura contraria, mientras que Kick, la única firma australiana afectada, asegura que ya trabaja con las autoridades para ajustarse al nuevo marco.
Un experimento global con miradas atentas
La prohibición australiana es la primera de su tipo a nivel mundial y ya genera interés en otros países. Algunas naciones europeas han optado por exigir autorización parental o imponer límites de horario, mientras que Francia y Dinamarca evalúan restricciones más drásticas. En España, un proyecto legal propone que los menores de 16 años cuenten con permiso de sus tutores, y en Estados Unidos un intento de prohibición en Utah fue frenado judicialmente. En este contexto, Australia se convierte en un laboratorio regulatorio cuyo éxito o fracaso podría influir en futuras decisiones internacionales.
Cómo reaccionan los jóvenes
Mientras tanto, los propios adolescentes australianos buscan alternativas para sortear la entrada en vigor de la norma. Algunos ya están creando cuentas nuevas con edades falsas, otros buscan aplicaciones alternativas o recomiendan el uso de VPN para evadir los controles. También han surgido estrategias como compartir cuentas con padres o tutores. Para activistas como Greg Attwells, estos intentos de evasión no invalidan la necesidad de la ley, sino que reflejan los desafíos de toda regulación destinada a proteger a los menores en entornos digitales cada vez más complejos.