El gobierno de Estados Unidos volvió a colocar en el centro del debate la visa H-1B, uno de los programas de inmigración laboral más relevantes del país. Este permiso temporal permite a las empresas contratar a profesionales extranjeros altamente calificados en sectores donde escasea la mano de obra local.
MEDIDA DESATA POLÉMICA
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece una cuota de US$100.000 para los nuevos solicitantes, a partir del 21 de septiembre. Según la Casa Blanca, el objetivo es reducir lo que considera “abusos” del sistema. Sin embargo, la medida ha generado incertidumbre en las compañías tecnológicas, gobiernos extranjeros y los propios beneficiarios.
La visa H-1B, creada en 1990 durante la administración de George H. W. Bush, tiene una duración inicial de tres años prorrogables. Cada año se otorgan 65.000 permisos para profesionales con título universitario y 20.000 adicionales para quienes poseen maestrías o doctorados. Aunque es un estatus temporal, en muchos casos las empresas patrocinan a los trabajadores para obtener la green card, lo que abre camino a la residencia permanente.
Los principales empleadores en 2024 fueron Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple e IBM, aunque también se otorgan visas en educación, salud y manufactura. Cerca de dos tercios de los beneficiarios provienen de India, lo que ya provocó la reacción de ese país, que advirtió sobre posibles “consecuencias humanitarias” para miles de familias.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, defendió la iniciativa afirmando que “las grandes empresas tecnológicas tienen que dejar de capacitar a trabajadores extranjeros” y que la nueva cuota incentivará la contratación de graduados en universidades estadounidenses. No obstante, persiste la confusión: mientras Lutnick aseguró que se trataría de un pago anual, la secretaria de prensa Karoline Leavitt indicó en redes que sería un cobro único.
Actualmente, en EE.UU. existen 730.000 personas con visa H-1B, una cifra pequeña en comparación con los más de 163 millones de trabajadores en total. Pese a ello, el programa ha sido blanco de críticas de sectores republicanos, que acusan a las empresas de reemplazar empleados locales con extranjeros dispuestos a aceptar salarios más bajos.