Donald Trump ordena que fondos científicos respondan a su agenda política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 7 de agosto una orden ejecutiva que modifica el manejo de los fondos federales destinados a la investigación. La norma, llamada “Mejora de la supervisión de las subvenciones federales”, dispone que la financiación pública para proyectos científicos deberá alinearse con las prioridades políticas del mandatario. Esto implica que las decisiones finales sobre las subvenciones pasarán a manos de funcionarios designados por la Casa Blanca, reduciendo el rol de las revisiones independientes que tradicionalmente realizaban paneles de expertos.

Críticas a la politización de la ciencia

Sectores académicos y científicos han reaccionado con preocupación, calificando la medida como un intento de politizar el sistema de investigación más influyente del mundo. Victor Ambros, premio Nobel de Fisiología o Medicina 2024, la consideró una “politización descarada” que reemplaza la excelencia científica por lealtad ideológica. Además, la orden ejecutiva menciona de forma explícita áreas que considera “gasto innecesario”, como estudios sobre diversidad, programas de educación sexual para personas trans y proyectos vinculados a la teoría crítica de la raza.

La norma marca un cambio sustancial en el modelo de financiación. Hasta ahora, las solicitudes de fondos eran evaluadas de manera imparcial por organismos como la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) o los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que basaban su decisión en criterios técnicos y de impacto social. Con esta nueva disposición, la revisión por pares será solo consultiva, quedando la decisión final sujeta al criterio político de los nombrados por Trump.

Asociaciones médicas y académicas advierten que esta política podría afectar la reputación de Estados Unidos como potencia científica, frenar investigaciones cruciales y desalentar a profesionales del área. Stefano Bertuzzi, director de la Sociedad Americana de Microbiología, advirtió que la medida “obstaculizará aún más” el trabajo para enfrentar amenazas a la salud pública. Organizaciones del sector prevén que la orden será impugnada judicialmente por considerarla contraria a los principios que garantizan la independencia de la investigación.