ICE admite error en la deportación de un salvadoreño a la temida megacárcel de Bukele. También se advierte de otras deportaciones injustas sin ningún tipo de prueba.
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, reconoció haber deportado por error a Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño con estatus legal protegido en el país. A pesar de que un tribunal había determinado que no debía ser expulsado, Ábrego fue enviado el 15 de marzo a El Salvador, donde fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad del gobierno de Nayib Bukele. "La expulsión fue un error", afirmó un alto funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en documentos judiciales.
Sin posibilidad de retorno
La administración Trump argumentó que no tiene la facultad de exigir el regreso de Ábrego a suelo estadounidense, desestimando los pedidos de sus abogados. "Aunque ha sido acusado de 'afiliación general a pandillas', el gobierno de EE.UU. nunca ha presentado la más mínima evidencia que respalde la infundada acusación", alegaron sus representantes legales. En su defensa, ICE justificó la deportación como un "descuido" basado en una orden final de expulsión y en la supuesta pertenencia de Ábrego a la MS-13, sin proporcionar pruebas.
El caso de Ábrego ha generado reacciones de diversas organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan la falta de transparencia en los procesos de deportación y la aparente falta de verificación en la identificación de presuntos criminales. Las imágenes del traslado de los deportados al Cecot fueron compartidas por Bukele en redes sociales, lo que permitió que la esposa de Ábrego lo reconociera entre los prisioneros. "Mi esposo no es un delincuente, esto es un abuso", denunció la mujer.
El caso también ha puesto en el ojo público otras deportaciones cuestionables. Reportes indican que ciudadanos venezolanos, como Arturo Suárez Trejo y Neri Alvarado, también fueron expulsados a El Salvador a pesar de no tener vínculos criminales comprobados. Mientras la batalla legal sigue en los tribunales, Washington continúa enviando deportados a la megaprisón salvadoreña, en el marco de un acuerdo con Bukele que implica financiamiento estadounidense a cambio de aceptar reclusos.
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