Polémica medida en El Salvador: aprueban enviar a menores de edad a cárceles de adultos
El Congreso salvadoreño aprobó una reforma que permitirá el traslado de adolescentes procesados por crimen organizado a prisiones de adultos.
El Congreso salvadoreño aprobó una reforma que permitirá el traslado de adolescentes procesados por crimen organizado a prisiones de adultos.
El Congreso de El Salvador aprobó este miércoles una reforma a la Ley Penal Juvenil que enviará a menores de edad vinculados a pandillas a cárceles de adultos. La iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele, establece que los adolescentes permanecerán en pabellones separados hasta cumplir 18 años, momento en el que pasarán al régimen general penitenciario.
NUEVA ESTRATEGIA CONTRA LAS PANDILLAS
Desde marzo de 2022, El Salvador vive un régimen de excepción bajo el cual se han realizado más de 83.000 detenciones en el marco de la "guerra" contra las pandillas. Con esta nueva reforma, el Gobierno busca impedir que los jóvenes que han cometido delitos relacionados con el crimen organizado sean tratados de la misma manera que aquellos con infracciones menores.
Según el diputado Walter Cotto, la medida pretende reforzar la seguridad y evitar que los menores vinculados a pandillas reciban privilegios distintos a los de los adultos. No obstante, los adolescentes condenados por delitos comunes seguirán bajo la tutela del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) con el fin de facilitar su reintegración social.
REFORMAS MÁS SEVERAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
El Congreso también aprobó otra reforma que prohíbe la libertad condicional o anticipada para condenados por delitos de crimen organizado. "Es necesario limitar estos beneficios para evitar que los criminales evadan sus sentencias", señala el documento legislativo.
El endurecimiento de las penas comenzó la semana pasada, cuando el Parlamento elevó a 60 años de prisión la condena por homicidio agravado. Con estas reformas, el Gobierno de Bukele refuerza su política de mano dura, que ha generado apoyo popular pero también críticas de organismos de derechos humanos.
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