Hace unas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del pueblo Sarayaku en el proceso que tenía contra el Estado ecuatoriano, puesto que éste permitió a una empresa petrolera invadir sus tierras a comienzos de la década pasada sin consultarlos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado del Ecuador había violado el derecho de la comunidad a ser consultada, así como sus derechos a la propiedad comunal y a su identidad cultural. La Corte determinó también que Ecuador era responsable de poner en grave peligro la vida y la integridad física del pueblo Sarayaku, ya que la empresa petrolera había sembrado en el territorio del pueblo indígena más de 1.400 kilos de explosivos de alta potencia.
“Esta sentencia tendrá un gran impacto en los países de la región, ya que establece claramente que los Estados son responsables de llevar a cabo procesos de consulta especiales antes de embarcarse en proyectos de desarrollo que afectan a los pueblos indígenas y sus derechos”, ha dicho Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos económicos sociales y culturales en América. “La sentencia señala detalladamente cómo deben llevarse a cabo las consultas: de buena fe, mediante procedimientos culturalmente adecuados encaminados a conseguir el consentimiento. Así, la exploración o extracción de recursos naturales no puede llevarse a cabo a costa de los medios de supervivencia física o cultural de una comunidad indígena en su propia tierra.”
Amnistía Internacional considera que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega en un momento clave, porque en toda América a los pueblos indígenas se les niega su derecho a dar su opinión sobre decisiones que a menudo tienen consecuencias devastadoras para su supervivencia. Los gobiernos de muchos países siguen planificando y construyendo carreteras, oleoductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto en territorios indígenas o en sus cercanías sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Amnistía Internacional ha valorado como positiva la Ley de Consulta Previa aprobada en el Perú en el año 2011 y espera que su aplicación se realice de buena fe, garantizando los estándares establecidos por las normas internacionales.
Amnistía Internacional y el pueblo indígena Sarayaku, en Ecuador, han producido un documental en el cual se pone de manifiesto lo importante que es para los pueblos indígenas ser consultados en los asuntos que les conciernen.
Compartimos con ustedes imágenes de dicha producción:
