El abogado penalista señaló en Buenos Días Perú que el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuenta con “un cúmulo de pruebas” que casi asegura una sentencia condenatoria.
El abogado penalista Julio Rodríguez consideró que la condena contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua es prácticamente un hecho. En entrevista con Buenos Días Perú, recordó que el juicio oral comenzó en octubre del año pasado y adelantó que el tribunal, muy probablemente, impondrá 15 años de pena privativa de la libertad, que es la pena mínima prevista para los delitos imputados.
Rodríguez explicó que el proceso se basa en una enorme cantidad de pruebas actuadas en juicio: declaraciones de testigos, pesaje de sobres con dinero, cálculos de los montos entregados, geolocalización de las entregas y movimientos bancarios. Todo ello, según afirmó, se debatió en audiencias públicas con contradicción de las partes.
“Tenemos una probabilidad alta, rayana con la certeza, de que esta va a ser una condena a 15 años de privación de libertad”, afirmó.
El penalista destacó que este caso avanzó más rápido que otros de corrupción porque varios involucrados se acogieron a mecanismos como colaboración eficaz y conclusión anticipada, lo que permitió sumar información y corroborar versiones que vinculan a Vizcarra como autor de los delitos.
En ese punto, recordó el papel clave de José Hernández, exministro y hombre de confianza de Vizcarra, quien tuvo un rol cercano en el Gobierno Regional de Moquegua y luego en el Ejecutivo. Rodríguez sostuvo que este colaborador brindó información “detallada y privilegiada” sobre la supuesta participación del expresidente en los hechos investigados.
“No hay violación del debido proceso”
Frente a los cuestionamientos de la defensa de Vizcarra, el letrado subrayó que el exmandatario ha tenido todas las oportunidades para cuestionar la actuación fiscal.
Aseguró que el tribunal admitió recursos, permitió impugnaciones y no recortó el derecho de defensa, por lo que no ve espacio para alegar vulneración al debido proceso:
“Acá no hay violación del debido proceso. La defensa ha tenido oportunidad de cuestionar todos los mecanismos que ha utilizado la fiscalía, por eso el juicio ha tomado este tiempo”.
Sobre la Corte Interamericana: “No veo mayor posibilidad de éxito”
Consultado por el recurso que la defensa de Vizcarra ha mencionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodríguez fue escéptico. Consideró que muchos políticos recurren a instancias internacionales para buscar una reparación que no consiguen en la justicia interna, pero recordó que el rol de esos tribunales es muy acotado.
Subrayó que la Corte solo puede intervenir si detecta vulneración de derechos fundamentales y una sentencia firme, algo que aún no existe en este caso, porque recién se conocerá el fallo de primera instancia:
“No hay mayor posibilidad de éxito. A Vizcarra se le ha permitido impugnar todo, no se le ha recortado el derecho a declarar ni a cuestionar las pruebas”, indicó.
“No hace falta seguir la ruta del dinero para probar cohecho”
Ante el argumento recurrente de Vizcarra —“¿dónde están los vouchers, dónde están las transferencias?rdquo;— el abogado aclaró que en este caso no se juzga lavado de activos, sino delitos de corrupción, cuyo tipo penal tiene otra lógica.
Explicó que el cohecho es un “delito de mera actividad”, es decir, no necesita un resultado final como condición para que se configure. De acuerdo con el Código Penal, basta la promesa o el acuerdo ilícito, incluso sin una entrega material de dinero.
“El delito de corrupción no exige que se materialice la entrega del dinero. Basta una promesa. En este caso, además, se ha ido más allá: hay personas que señalan cómo se entregó el dinero, cómo se extrajo de las cuentas y cómo se colocó en sobres”, remarcó.
Por ello, restó relevancia a la exigencia de rastrear la “ruta final” del dinero para este tipo de delitos, a diferencia de lo que ocurre con el lavado de activos.