Maite Vizcarra sobre pedido de pensión a Alberto Fujimori: “Habría que preguntarse si de verdad necesita ese dinero"

El expresidente Alberto Fujimori, excarcelado en diciembre pasado tras una orden del Tribunal Constitucional, ha solicitado al Congreso de la República que se le otorgue la pensión correspondiente a su calidad de exmandatario (15 600 soles), además de agentes de la Dirección de Seguridad del Estado y vales de combustible. Este hecho ha generado controversia, ya que Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y salió de prisión por un indulto, debiendo cumplir su condena recién en febrero del 2032.

En esa línea, la analista política Maite Vizcarra explicó que este tema es complejo desde el punto de vista jurídico y político. Indicó que el indulto otorgado a Fujimori levantó las restricciones de libertad e inhabilitación, lo que podría darle derecho a estas prerrogativas. Sin embargo, señaló que el Ministerio Público consultó anteriormente al Congreso sobre si le correspondía esta pensión, y en ese momento se indicó que no. Por lo tanto, este nuevo pedido deberá ser analizado detenidamente.

Desde la perspectiva ciudadana, Vizcarra expresó que este pedido se percibe como un acercamiento a la impunidad, lo que podría afectar la imagen del expresidente y del fujimorismo en general. Además, recordó que Fujimori aún tiene una deuda pendiente con el Estado peruano que no ha sido cobrada, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de otorgarle esta pensión.

"Además, habría que preguntarse si en verdad el expresidente Fujimori necesita de dinero. Nosotros lo vemos que está bien, o sea ¿En verdad es alguien que necesita este estos montos?nbsp;¿No sería mejor que lo entregue?quot;, cuestionó la experta.

En cuanto a las implicaciones políticas, la especialista sugirió que esta solicitud podría afectar la campaña electoral del 2026, ya que el fujimorismo es un tema que genera pasiones encontradas en la población. Consideró que, para alguien que aspire a un cargo público o a influir en la política, este tipo de acciones podrían resultar contraproducentes, ya que se perciben como un intento de obtener impunidad. “Ganaría mucho no perseguir este tipo de prerrogativas”, acotó.