Están en contra del corte de cabello obligatorio, el uso de uniformes y la suspensión de visitas, que —afirman— vulneran los derechos de internos aún sin sentencia.
Decenas de familiares de internos se concentraron frente a la sede del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para exigir la derogación de las recientes medidas impuestas por el gobierno en el marco del estado de emergencia. Los manifestantes denunciaron que las disposiciones endurecen las condiciones de reclusión y afectan incluso a personas sin sentencia firme.
Entre las principales quejas se encuentran el corte de cabello obligatorio, el uso de uniformes y la restricción de visitas los fines de semana. “Están en prisión preventiva, todavía no son culpables y ya los rapan, no les dejan pasar medicinas”, señaló una de las manifestantes.
Los familiares también aseguraron que las medidas alcanzan a internos con buena conducta o que participan en programas de estudio y trabajo dentro de los penales. “En Lurigancho hay universidad y talleres. Se están resocializando, pero los tratan como si fueran los responsables de las extorsiones en la calle”, reclamó otra protestante.
Durante la jornada, agentes policiales instalaron un cordón de seguridad en los exteriores del INPE para evitar desmanes. El vicepresidente de la institución, Fernando Negrón, recibió a una delegación de familiares, aunque las conversaciones no llegaron a ningún acuerdo.
Los manifestantes anunciaron que continuarán con sus protestas hasta que el gobierno revise las medidas, que —según afirmaron— “castigan a los internos equivocados mientras las verdaderas organizaciones criminales siguen operando fuera de los penales”.