Estado de emergencia en Lima y Callao: así se viven las primeras horas de la medida
Militares y policías se desplegaron desde la madrugada en distintas zonas de la capital para realizar controles e intervenciones.
Militares y policías se desplegaron desde la madrugada en distintas zonas de la capital para realizar controles e intervenciones.
El presidente interino José Jerí anunció en la noche del martes 21 de octubre el inicio de un nuevo estado de emergencia que abarca Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días. La medida, que entra en vigor desde la medianoche, busca frenar el avance del crimen organizado y recuperar la tranquilidad ciudadana. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, enfatizó el mandatario al asegurar que su Gobierno pasará “de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra la inseguridad.
Operativos, control de identidad y restricción de visitas en penales
Desde las primeras horas del miércoles se desplegaron efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en distintos puntos de la capital. Equipos de prensa registraron la presencia militar en zonas como la avenida Abancay y la intersección con la avenida Grau, mientras que en San Juan de Lurigancho se realizaron operativos encabezados por el propio presidente Jerí, quien supervisó acciones en el penal del distrito. Durante la madrugada se efectuaron intervenciones y requisas en varios centros penitenciarios.
El Decreto Supremo publicado en El Peruano establece medidas específicas para reforzar el control en las cárceles, como la restricción de visitas —una por semana o cada quince días según el régimen— y el apagado de enchufes en las celdas para impedir el uso de aparatos electrónicos. Además, se ordenó el desmontaje de antenas ilegales que facilitan comunicaciones desde el interior de los penales, una labor que estará a cargo de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, el dispositivo autoriza operativos masivos de control de identidad, inspección de viviendas y decomiso de armas ilegales. También prohíbe el desplazamiento de dos adultos en motocicletas lineales, salvo cuando uno de ellos sea un menor de edad. El Gobierno afirma que el objetivo es restablecer el orden y fortalecer la seguridad ciudadana en las zonas más afectadas por la criminalidad.
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