La propuesta incluye una controvertida medida que autoriza el uso de fondos públicos que reciben las agrupaciones políticas para cubrir los gastos de defensa legal de sus líderes.
La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen que permite a los partidos políticos acceder nuevamente a financiamiento privado, incrementando el tope de aportes a 200 UIT (S/ 1,300,000). Además, el dictamen incluye una controvertida medida que autoriza el uso del financiamiento público que reciben las agrupaciones políticas para cubrir los gastos de defensa legal de sus líderes acusados de delitos.
Mayor financiamiento privado para los partidos
Fernando Rospigliosi, presidente de la comisión, defendió la norma asegurando que busca "transparentar los aportes privados" para evitar que ingrese dinero ilegal a los partidos. “Lo que queremos es sacar la posibilidad de que sean los negocios ilegales los que financien a los partidos políticos, porque esta prohibición absurda de financiamiento privado legal incentiva, por otro lado, la financiación ilegal”, señaló.
Por otro lado, legisladores como Jaime Quito, de la Bancada Socialista, criticaron la medida, argumentando que permitirá el ingreso desproporcionado de dinero privado y facilitará el pago de favores políticos. “Ahora quieren legalizar lo ilegal. Los privados van a determinar quiénes serán los candidatos, y cuando estos lleguen al Congreso o a otro cargo, serán ellos quienes prioricen pagar esos favores”, indicó.
Walter Albán, exdefensor del pueblo, consideró que restablecer el financiamiento privado transparente es positivo, siempre y cuando se implementen límites claros. “Transparentar quiénes aportan y con qué límites no es algo negativo. Prohibirlo por completo podría aumentar el aporte de la economía ilegal a campañas electorales”, señaló a Panamericana Televisión.
Gran polémica
Uno de los puntos más polémicos del dictamen es la autorización para que los partidos políticos utilicen el financiamiento público que reciben, destinado inicialmente a actividades partidarias, para solventar los gastos de asesoría legal de sus líderes. Esto permitiría que recursos públicos se utilicen en las defensas legales de figuras políticas acusadas de delitos.
“¿Vamos a financiar la defensa legal de personajes como Luna Gálvez, Keiko Fujimori o Vladimir Cerrón con dinero público? Esto no tiene sentido. Estamos viendo un uso de recursos públicos para intereses personales, no para el fortalecimiento de los partidos como instituciones”, expresó Albán.
Ambos dictámenes deberán pasar por el proceso regular y ser debatidos en el Pleno del Congreso antes de convertirse en ley.
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