El abogado de la institución, Marco Antonio Ríos, indicó que erróneamente solo se responsabiliza a la Asamblea Nacional de Rectores de los problemas en la educación superior, a pesar que las leyes y otras entidades también intervienen en dicho tema. Asimismo, Solís señaló que presentó una demanda de Acción Popular contra la resolución del Ministerio de Educación, que ordena la instalación del grupo de trabajo que desactivará la ANR, pues asegura que la orden se formalizó pasado el plazo que pedía la nueva Ley Universitaria. Por su parte, Iván Rodríguez, rector de la universidad Ricardo Palma, aseguró que la ley no se ajusta a la realidad de las universidades, y que los cronogramas establecidos para el proceso de adaptación son demasiados cortos.