La procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, vuelve a quedar en el centro de la controversia. Esta vez, la máxima autoridad encargada de defender los intereses del Estado enfrenta una grave denuncia por presuntamente haber incitado la comisión de un delito.
El programa “Esta Noche” tuvo acceso a un audio que comprometería a Caruajulca durante una reunión con el exprocurador del Gobierno Regional de Lima, Georek Velarde Falconi, quien acudió a su despacho tras ser retirado del cargo de manera que él considera arbitraria.
Según el registro de visitas, el encuentro se realizó el 2 de octubre de 2024, entre las 12:45 p.m. y las 2:00 p.m., en el despacho de la procuradora general del Estado. En la conversación, Belarde reclamó que fue separado de la Procuraduría Regional de Lima sin fundamento ni causa justificada.
“Se me ha sacado de una manera arbitraria, me han botado de la Procuraduría de la Región Lima sin ningún fundamento, causa ni razón”, señaló el exprocurador durante la reunión. En el audio, Caruajulca habría reconocido que el caso generó un perjuicio grave.
Pero el punto más delicado llega segundos después, cuando la procuradora habría planteado una posible salida que hoy es materia de denuncia. En la grabación se le escucha sugerir que Velarde consulte si algún titular de una entidad regional podía ponerle en un cargo.
DENUNCIA APUNTA A PRESUNTO ABUSO DE AUTORIDAD E INSTIGACIÓN
Para Velarde, esa propuesta resulta irregular, pues él había accedido al cargo mediante concurso público. “¿Cómo yo voy a pedir como exprocurador que un gobernador o un titular de una entidad me ponga en un cargo?”, cuestionó.
El caso abre dos frentes delicados para la procuradora general. Por un lado, el presunto abuso de autoridad, al haberse reconocido una destitución indebida; y por otro, una posible instigación vinculada a un nombramiento o contratación irregular en una entidad pública.
La situación resulta aún más grave porque Caruajulca encabeza precisamente la institución llamada a perseguir legalmente a los altos funcionarios que afectan los intereses del Estado. Sin embargo, ahora es ella quien deberá responder ante el Ministerio Público por una denuncia penal sustentada en un audio.
En dos años de gestión, Caruajulca ha sido cuestionada por no haber presentado denuncias penales contra altos funcionarios, mientras arrastra procesos disciplinarios por presuntos favorecimientos en la selección de procuradores y decisiones vinculadas a retiros de cargos. “Esta Noche” buscó los descargos de la procuradora general del Estado, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.