La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió una investigación preliminar por la filtración de información reservada en el caso Paltarumi, luego de que un reportaje periodístico difundiera un borrador de una disposición fiscal que todavía no había sido notificada a las partes. La investigación alcanza a los fiscales Ricardo Morante Balarezo, encargado de la carpeta y Haendel Pérez Ruiz, encargada del despacho, por la presunta entrega del borrador, documento que la defensa de Paltarumi pide esclarecer cómo terminó en manos de la prensa.
El abogado Eduardo Roy Gates, representante legal de Paltarumi, explicó que el documento fue difundido en un reportaje de la periodista Graciela Villasís y que, al revisarlo, se dieron con la sorpresa que se trataba de un documento que no había sido comunicado oficialmente. Para Roy Gates, este hecho plantea una interrogante central: cómo pudo llegar un documento de esa naturaleza a manos de una periodista antes de ser notificado a las partes. Según el abogado, existen dos posibilidades que deberán ser esclarecidas por la investigación: que el documento haya salido de la propia Fiscalía o que haya sido elaborado fuera de ella y posteriormente incorporado al expediente.
La investigación administrativa se inició primero de oficio, luego de que la Autoridad Nacional de Control tomara conocimiento del reportaje y de la respuesta pública de la defensa. Posteriormente, se abrió otra investigación a raíz de la queja presentada por Paltarumi. Ambas investigaciones fueron acumuladas en un solo procedimiento por presuntas faltas muy graves. De acreditarse a los responsables, las sanciones pueden llegar a la destitución o a la suspensión del cargo.
De acuerdo con la información recogida en la investigación, el fiscal Ricardo Morante Balarezo habría declarado que recibió presiones relacionadas con la entrega de la disposición fiscal. En el expediente también se menciona a Haendel Pérez Ruiz y al exfiscal Ángel Bladimir Astocondor, quien habría solicitado insistentemente documentación vinculada al caso. Roy Gates sostuvo que la investigación deberá determinar quién tuvo acceso al borrador y quién pudo entregarlo a la prensa. “Alguien tiene que responder por esa filtración gravísima del documento”, afirmó el abogado, dejando claro que la responsabilidad deberá establecerse durante las diligencias.
EL CASO TAMBIÉN ALCANZA A LA PROPIA FISCALÍA DE LAVADO DE ACTIVOS
El abogado informó que el actual fiscal titular del despacho, el Dr. Martínez, decidió inhibirse del caso al considerar que se había perdido la objetividad dentro de la fiscalía. Esta inhibición fue aceptada por la Segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, que dispuso el apartamiento de todo el despacho y ordenó que la investigación sea derivada para su reasignación a otra fiscalía. Para Roy Gates, esta decisión resulta relevante porque permitirá que el caso continúe bajo un nuevo despacho, mientras se determina qué ocurrió con la filtración.
Roy Gates destacó que la intervención de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público constituye un paso importante para esclarecer lo ocurrido. La investigación deberá determinar si los fiscales Ricardo Morante Balarezo y Haendel Pérez Ruiz incurrieron en una falta muy grave y, de ser así, establecer las sanciones correspondientes. Mientras tanto, el caso Paltarumi será reasignado a otro despacho fiscal, luego de la inhibición aceptada por la Fiscalía Superior, y continuará la investigación destinada a determinar cómo un borrador reservado terminó siendo difundido públicamente y quién tuvo responsabilidad en esa eventual filtración.
Finalmente, Roy Gates también cuestionó el origen de la investigación contra la empresa Paltarumi y sostuvo que, el caso comenzó a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que contiene información que consideran falsa. El abogado insistió en que la empresa está dispuesta a enfrentar la investigación y que ha presentado documentación sobre sus operaciones de compra de mineral aurífero. Sin embargo, afirmó que el principal cuestionamiento no es que exista una investigación, sino que esta se desarrolle, según su posición, sin objetividad y con una presunta utilización de filtraciones para perjudicar a la empresa.


