Fiscalía conforma comisión para elaborar nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

En el marco de las propuestas para reformar el sistema de justicia, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció la creación de una comisión especial encargada de elaborar una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. Según el documento oficial publicado en El Peruano, esta instancia estará integrada por 26 representantes de la Fiscalía, 8 abogados de la sociedad civil y del ámbito académico, además de 13 representantes de entidades públicas y privadas.

Sin embargo, el abogado penalista Carlos Caro, incluido entre los miembros de la comisión, descartó que esta medida constituya una reforma del Ministerio Público. Señaló que la ley orgánica vigente, aprobada en 1981, responde a una Constitución ya derogada y a un antiguo código de procedimientos penales. En esa línea, enfatizó que el objetivo central es adecuar la normativa a la Constitución de 1993 y al Código Procesal Penal de 2004, además de fortalecer la estabilidad de los fiscales como garantía para el ciudadano.

La resolución que formaliza la creación de la comisión precisa que su misión será impulsar una justicia penal más confiable y cercana al ciudadano, capaz de responder de manera eficiente a la criminalidad extorsiva y a las organizaciones delictivas. Sobre ello, la abogada penalista Romy Chang, también designada como representante de la sociedad civil, destacó que el debate incluirá temas como los mecanismos de ascenso, la conformación de la Junta de Fiscales Supremos, los procesos de votación interna y la distribución de la carga laboral dentro del Ministerio Público.

SOBRE DELIA ESPINOZA

Por otro lado, ambos especialistas consideraron que una eventual reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación no afectaría el fondo del trabajo de la comisión, aunque advirtieron que sí podría generar retrasos en su cronograma de reuniones. Finalmente, el documento oficial detalla que la comisión será de carácter temporal y tendrá una vigencia inicial de tres meses desde su instalación, con posibilidad de prórroga si así lo dispone la titularidad del Ministerio Público.