Ejecutivo solicita facultades legislativas y plantea sanciones a funcionarios que filtren información reservada

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, acudió al Congreso de la República acompañado de su gabinete para sustentar el pedido de delegación de facultades legislativas en materia de inseguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. Entre las principales propuestas del Ejecutivo figura la creación de un marco normativo más estricto para sancionar a funcionarios que filtren información reservada en el contexto de investigaciones penales.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, explicó que la iniciativa busca modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información confidencial por parte de jueces, fiscales o policías. Según detalló, la filtración de datos permite que organizaciones criminales se anticipen a las operaciones, expone a las víctimas a represalias y frustra la labor policial. Por ello, planteó que los responsables no solo reciban sanciones penales, sino también sean separados de manera definitiva de sus cargos.

Sin embargo, esta propuesta ha generado cuestionamientos de la Asociación Nacional de Prensa, que advirtió que la norma podría usarse para amordazar a los medios de comunicación que dependen de fuentes internas del Estado para realizar denuncias periodísticas. Frente a ello, el presidente José Jerí aclaró, en su primera entrevista televisiva ofrecida a Panamericana Televisión, que la medida está dirigida exclusivamente a funcionarios que filtren información para favorecer a criminales, y no contra quienes la difunden en ejercicio del periodismo.

LABOR DE LA PRENSA

A su turno, el premier Álvarez Miranda reiteró que el Gobierno respeta plenamente la labor de la prensa y que el delito propuesto “está restringido exclusivamente a los funcionarios”. Además de esta iniciativa, el Ejecutivo también presentó otras reformas en materia de seguridad, como la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, que absorberá al INPE y al Pronacej, así como la declaración de emergencia del transporte público.