La jornada comenzó a generar expectativas desde las seis de la tarde, cuando una furgoneta del INPE ingresó a Barbadillo en medio de rumores de un eventual traslado. Pasadas las ocho de la noche, se confirmó el movimiento: un convoy policial escoltó la unidad que transportaba al exmandatario hacia Ancón II. Durante las horas previas, Vizcarra había manifestado a medios locales su indignación, asegurando que la decisión respondía a “razones políticas” y no técnicas.
El personero legal de su partido, Perú Primero, y varios simpatizantes denunciaron lo que calificaron como una “venganza política”. Señalaron que Barbadillo era el penal que correspondía a Vizcarra en su calidad de expresidente y advirtieron que un traslado ponía en riesgo su seguridad. En esa misma línea, acusaron directamente al Gobierno de Dina Boluarte e incluso a Keiko Fujimori de ejercer presión para tomar esta decisión.
SITUACIONES EXCEPCIONALES
Expertos en derecho penal recordaron que Barbadillo no figura en la lista de establecimientos penitenciarios regulares, y que su uso se limita a situaciones excepcionales. “Los expresidentes no deben compartir penales con presos comunes por razones de seguridad nacional, pues han manejado información sensible del Estado”, explicó el abogado Julio Rodríguez. Horas después del traslado, Vizcarra escribió en su cuenta de X que pedirá a su equipo legal que no interponga más acciones judiciales sobre su situación.