Vladimir Cerrón calificó de "persecución política" la investigación a "Los Dinámicos del Centro"
Para la Fiscalía, las actividades ilegales de "Los Dinámicos del Centro" y la campaña electoral de Pedro Castillo sí estaban relacionadas.
Para la Fiscalía, las actividades ilegales de "Los Dinámicos del Centro" y la campaña electoral de Pedro Castillo sí estaban relacionadas.
A través de diferentes publicaciones en las redes sociales, el condenado ex gobernador de Junín Vladimir Cerrón cuestionó la investigación relacionada a "Los Dinámicos del Centro" y la calificó como persecución política.
El secretario general de Perú Libre aseguró que el objetivo de la investigación es perjudicar la candidatura de Pedro Castillo, utilizando a la mafia de licencias de conducir para llegar al plano político.
Para la Fiscalía, las actividades ilegales de "Los Dinámicos del Centro" y la campaña electoral de Pedro Castillo sí estaban relacionadas. Según la tesis del Ministerio Público, el objetivo de esta organización criminal era precisamente financiar las actividades proselitistas de Perú Libre, conclusión a la que llegó la fiscal Bonnie Bautista tras analizar las escuchas telefónicas legales así como los testimonios de tres aspirantes a colaboradores eficaces.
FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA DE PERÚ LIBRE
La candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, aseguró que la campaña de pedro castillo se financió con la solidaridad de los seguidores de cada región. Boluarte aseguró que los aportes entregados por el comité ejecutivo regional de Lima para pagar parte de la reparación civil de Vladimir Cerrón tienen origen legal.
Para el congresista césar combina de Alianza para el Prrogreso, tanto Pedro Castillo como Dina Boluarte deberían aclarar todas las dudas sobre las finanzas de su partido.
En tanto, la abogada penalista Romy Chang señaló que si se demuestra el uso de dinero ilegal en la campaña de Perú Libre, el partido estaría en serios problemas. La experta señaló que el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos está vigente desde el año 2019 y tiene una pena máxima de 8 años de prisión.
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