Congresistas en desacuerdo con pedido de Fiscalía para disolver Partido Nacionalista

El anuncio de la Fiscalía de disolver el Partido Nacionalista como consecuencia de las acusaciones de lavado de activos contra Nadine Heredia y Ollanta Humala, ha generado que diversos congresistas se muestren en desacuerdo, pues señalan que el requerimiento del Ministerio Público no se ajusta a la ley.

“La ley de partido políticos es muy clara en establecer que una disolución de una partido político. Solo se puede dar una cancelación, es el término que se usa, si es que ese partido político es considerado por la Corte Suprema y previa denuncia del defensor del Pueblo como una organización terrorista”, manifestó Mauricio Mulder.

Por su parte, Carlos Tubino también cuestionó este pedido. “Y que de ahí se pida disolver un partido político, yo la verdad veo esto y digo: ¿esta es la democracia que hemos luchado tanto en el Perú para conseguirla?rdquo;, expresó.

En tanto, para Carlos Bruce, el Ministerio Público no está aplicando el mismo criterio en todas sus acciones, por lo que considera que otras instituciones se encontrarían en la misma situación del Partido Nacionalista.

“Si la misma Fiscalía permite que empresas que estuvieron implicadas en corrupción sigan operando, bajo el mismo criterio tendría que hacer lo mismo con partidos políticos, a pesar de que los partidos políticos no son los partidos los que estuvieron en actos de corrupción sino alguno de sus miembros, así que hay que ser coherentes hasta el final”, señaló.

Juan Sheput también opinó al respecto y calificó la medida como un despropósito. Asimismo, solicitó a las bancadas reacciones ante esta intención.

“Hay una especie de obsesión de criminalizar a los partidos políticos por parte de la Fiscalía, lo cual me parece realmente muy lamentable pues los partidos políticos como organización no tienen nada que ver con lo que pueden hacer eventualmente sus dirigentes”, afirmó.

Finalmente diversas bancadas, entre las que están Fuerza Popular, se pronunciaron a través de un comunicado expresando su confianza en que el Poder Judicial no admita la solicitud del Ministerio Público, debido a que consideran que atentaría contra el estado de derecho.