Gustavo Adrianzén emplazó a las ONG que defendieron a familiares de terroristas muertos en el operativo ‘Chavín de Huántar’ en 1997, a entregar el dinero dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a los deudos de los comandos y un magistrado asesinados.
“Estas organizaciones se jactan, se rasgan las vestiduras diciendo que no tienen una pretensión económica y que no van detrás del dinero (…) que vayan y toquen la puerta de los familiares del coronel Valer y del capitán Jiménez y del doctor Giusti que son los únicos legítimos para cobrar”
“No estén buscando organizaciones benéficas, que le toquen las puertas a las verdaderas víctimas”. “Si tanto insisten en que no les interesa el dinero, que en un gesto de desprendimiento lo entreguen a los familiares de los héroes nacionales que murieron asesinados por sus patrocinados (…), eso debería hacerse como un acto de verdadero desprendimiento”, insistió el ministro de Justicia.
Por otro lado, reiteró que el fallo de la Corte IDH es positivo, pues no se dejó sin efecto la sentencia del fuero militar que archivó el caso contra los comandos, tampoco se dispuso el pago de reparaciones.
En declaraciones a medios locales, Adrianzén insistió en que no es posible que los militares sean implicados en la investigación del Ministerio Público para esclarecer la muerte del emerretista Edgar Cruz Sánchez, 'Tito'.
Según dijo, eventualmente algunos agentes podrían ser llamados a declarar como testigos, pero no los 140 militares participaron en el operativo. Como se sabe, la Corte IDH ordenó al Estado que se pague 10,000 dólares a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Ello por concepto de “reintegro de costas y gastos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e internacional”. Asimismo, el Perú deberá entregar 20,000 dólares al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Foto referencial: Perú 21.