Mientras el debate político gira en torno al abandono de las regiones y la falta de inversión en el interior del país, especialistas advierten que los gobiernos regionales y locales reciben una importante porción del presupuesto nacional, además de millonarios recursos provenientes del canon y las regalías mineras. Sin embargo, gran parte de estos fondos no logra traducirse en obras, servicios o mejoras para la población.
Según cifras presentadas en un informe, el 35.7% del presupuesto nacional está destinado a gobiernos regionales y locales, lo que representa más de S/ 40 mil millones para el año 2026. A ello se suman los ingresos generados por la actividad minera, que durante 2025 superaron los S/ 10 mil millones en transferencias por canon y regalías.
Piura, La Libertad y Cajamarca figuran entre las regiones con mayores presupuestos asignados para este año. En paralelo, el Cusco lidera la recepción de canon minero a nivel nacional, seguido por Áncash, Arequipa, Moquegua y Tacna. “Estamos teniendo que más de 1000 millones de soles es lo que está recibiendo el Cusco este año”, señaló Carlos Casas, exviceministro de Economía y director del CEMS, al explicar la magnitud de los recursos transferidos.
Pese a ello, la percepción ciudadana sobre la falta de desarrollo se mantiene. Expertos sostienen que el problema no radica en la centralización de los recursos, sino en la capacidad de gestión de las autoridades locales y regionales. “El problema de la supuesta centralización no está en Lima. En el caso de los recursos públicos no lo está”, indicó Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, al precisar que el dinero sí llega a las regiones, pero muchas veces no se ejecuta de manera eficiente.
CORRUPCIÓN Y BAJA EJECUCIÓN FRENAN EL DESARROLLO REGIONAL
Para Fuentes, la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para que los recursos públicos se conviertan en obras. “En las últimas décadas las transferencias por canon y regalías mineras han sumado más de 120 mil millones de soles”, precisó. Agregando que, parte de esos recursos no ha generado mejoras estructurales debido a problemas de gestión y presuntas irregularidades en la administración pública.
Las cifras del Ministerio Público revelan que durante 2025 fueron condenados 59 alcaldes y tres gobernadores regionales por delitos vinculados a corrupción. “Lo que vemos es que en zonas donde hay canon usualmente suelen aparecer casos de corrupción”, advirtió el exviceministro de Economía Carlos Casas. Entre los delitos más frecuentes figuran peculado, colusión y negociación incompatible, hechos que continúan afectando la ejecución de proyectos y la calidad de vida de millones de ciudadanos en distintas regiones del país.