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Fiscal denuncia intento de apartarlo de investigación sobre presunta red de minería ilegal en Arequipa

Un fiscal que investiga una presunta red vinculada al tráfico de concentrados minerales en Atico, Arequipa, denunció que buscan retirarlo del caso, una de las investigaciones más sensibles relacionadas con la minería ilegal en el denominado “Pataz del Sur”, zona que ha sido escenario de conflictos y hechos de violencia vinculados a la extracción de recursos minerales.

Se trata del fiscal Lucio Sal y Rosas Guerrero, quien dirige las pesquisas sobre una presunta organización que habría comercializado concentrados mineros con contenido de oro hacia mercados internacionales. Según la tesis del Ministerio Público, estos cargamentos habrían sido declarados como relaves mineros para reducir costos y evitar el pago de aranceles más elevados.

La investigación apunta a la empresa N&C Trading and Development la cual, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría participado durante años en el traslado de minerales al extranjero bajo una clasificación distinta a la que realmente correspondería. El Ministerio Público sostiene que esta actividad habría sido realizada por una presunta red criminal vinculada a operaciones mineras en la zona de Atico.

Como parte de las diligencias, la fiscalía ordenó la incautación de aproximadamente 3,000 toneladas de material valorizado en más de 90 millones de dólares. La hipótesis fiscal fue respaldada por cuatro peritajes técnicos, uno desarrollado por la SUNAT y tres elaborados con participación de especialistas e ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

HÁBEAS CORPUS BUSCA APARTAR AL FISCAL DEL CASO

Uno de los puntos más controversiales del proceso es la presentación de un hábeas corpus por parte de Nina Yllescas Montero, con el que busca apartar al fiscal Sal y Rosas Guerrero de las investigaciones. El recurso fue interpuesto semanas atrás mientras continúan las diligencias relacionadas con las operaciones mineras y la documentación incautada durante el proceso.

Asimismo, la fiscalía identificó documentos que revelarían presuntos vínculos entre operadores mineros y efectivos policiales dentro de un campamento investigado en Atico. Este nuevo hallazgo forma parte de una línea de investigación, mientras el enfrentamiento judicial y fiscal por el control de estas pesquisas continúa generando atención en Arequipa y en el sector minero nacional.

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