Masacre en Pataz ¿Quiénes son los dos policías que serían dueños de empresa que contrató a trabajadores asesinados?

Una nueva arista se abre en la masacre ocurrida en el anexo Pueblo Nuevo, en Pataz, donde 13 trabajadores fueron asesinados dentro del nivel 2520 de una mina informal. Detrás del hecho hay una cadena de subcontrataciones que comienza con la empresa minera Poderosa, pasa por Libmar S.A.C., y termina con R&R, una firma informal de seguridad vinculada, según la Fiscalía, a dos policías en actividad. Las familias de las víctimas exigen justicia: “Primero la empresa negó todo, ahora reconoce que mi hijo sí trabajó con R&R”, denunció una madre.

La empresa Libmar S.A.C., minera artesanal con inscripción en el REINFO, mantenía un contrato de explotación con Poderosa. Libmar, a su vez, subcontrató a R&R para brindar servicios de seguridad en el socavón. Según la Fiscalía, aunque R&R no estaba formalmente registrada, era dirigida en los hechos por dos suboficiales de la Policía Nacional, uno asignado a la comisaría de Huanchaco y el otro al Escuadrón Verde. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos, ya que la ley prohíbe expresamente que policías en actividad desempeñen funciones adicionales.

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, alertó que este caso “deja una sensación desagradable de que podrían existir intereses mayores detrás” y no descartó que estos efectivos policiales sean testaferros de mandos superiores. Por su parte, el exinspector general Carlos Tuse denunció que muchas de estas “empresas de seguridad” operan sin autorización de Sucamec ni registro legal, amparadas únicamente en un logo. Mientras tanto, la PNP ha guardado silencio pese a los pedidos de entrevista.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

Aunque Libmar S.A.C. lamentó públicamente el ataque y ofreció cubrir los gastos funerarios de las víctimas, la responsabilidad sigue en la mira. El Congreso ya se ha pronunciado: “Es gravísimo, debemos enfrentar los serios problemas dentro de la Policía”, dijo su presidente Eduardo Salhuana. La Libertad, donde ocurrió la masacre, lidera la producción de oro en el país. Pero ese oro, denuncian, se está tiñendo de sangre en zonas donde "todo vale con tal de enriquecerse".