La intervención policial contra la organización criminal “Los Pulpos de La Victoria” destapó un nuevo vínculo entre política y crimen organizado. Juliana Angélica Carbonel Carbonel, excandidata al Parlamento por Juntos por el Perú, fue detenida durante un megaoperativo de la Policía Nacional y señalada como presunta lugarteniente de la red dedicada a la extorsión de comerciantes en Gamarra.
De acuerdo con las investigaciones policiales, Carbonel Carbonel no habría tenido un papel menor dentro de la organización criminal. Las autoridades la identifican como una de las personas de confianza de Juan Manuel Núñez Castro, sindicado como cabecilla de “Los Pulpos de La Victoria”. En total, el operativo ejecutado por la Policía Nacional dejó 14 personas detenidas, en medio de diligencias simultáneas realizadas en distintos puntos de Lima.
El caso tomó relevancia política luego de confirmarse que Juliana Carbonel postuló a la Cámara de Diputados con el partido Juntos por el Perú, agrupación liderada por el candidato presidencial Roberto Sánchez, quien actualmente disputa su posible pase a segunda vuelta según el conteo de la ONPE.
Tras conocerse la detención, Roberto Sánchez evitó emitir una condena directa y sostuvo que su agrupación respetará el debido proceso mientras avanzan las investigaciones fiscales y policiales. Asimismo, aseguró que la excandidata no tenía impedimentos judiciales cuando integró las filas del partido.
LA RESPUESTA DE JUNTOS POR EL PERÚ TRAS LA DETENCIÓN
Por otro lado, integrantes de Juntos por el Perú, como Jaime Quito, deslindaron cualquier responsabilidad política y afirmaron que se trata de “un caso particular”. Sin embargo, el hecho generó cuestionamientos debido a que Carbonel había participado públicamente en debates sobre inseguridad ciudadana y lucha contra las mafias, donde incluso propuso reformas para combatir el crimen organizado.
Mientras tanto, la situación judicial alrededor de Roberto Sánchez también vuelve a estar bajo atención pública. La Fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de prisión en su contra por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. El caso deberá evaluarse antes de una eventual segunda vuelta electoral, mientras las autoridades continúan con las investigaciones sobre los presuntos vínculos de integrantes políticos con organizaciones criminales en el país.