Así amaneció este miércoles el patio de maniobras de la empresa El Rápido, ubicado en la avenida Chuquitanta: con efectivos del Escuadrón de Halcones desplegados y custodiando cada ingreso. Tras el ataque registrado cerca de la 1 de la mañana, cuando dos sujetos a bordo de una moto dispararon contra el taller —dejando ocho casquillos en la zona—, solo una mínima parte de los vehículos de la ruta 42, que cubre SMP–Lurigancho, decidió operar. En un primer recorrido ya se apreciaba la fuerte presencia policial intentando garantizar la salida de las unidades.
Aunque muchos vecinos aseguraron no haber escuchado las detonaciones, el temor se mantiene. Para conocer cómo impactó el atentado en la operación diaria, abordamos uno de los buses que sí salió a trabajar. “Estamos trabajando al 20% nada más… y claro que preocupa”, comentó un conductor, cuya identidad fue protegida. El chofer reconoció que todos —conductores y usuarios— pierden con esta situación, pero prefirió evitar pronunciarse sobre los cobros de cupos, pese a que se protegió su rostro y voz.
Los pasajeros también expresaron su angustia. “Es preocupante que no haga nada la Policía, deberían incrementar el patrullaje en los paraderos”, dijo un usuario. Otra pasajera lamentó que “hay mucho peligro en la ciudad y no hay cuándo acabe”, mientras otro señaló que antes la ruta era segura, pero hoy “la inseguridad está horrible”. Según los trabajadores, esta baja operación responde directamente al miedo que dejó el atentado y a la incertidumbre por nuevas amenazas.
PAGAN 10 SOLES POR TURNO
Conductores consultados fuera de cámaras revelaron que el ataque habría sido cometido por una segunda banda que intenta cobrar cupos, pese a que ellos ya pagan 10 soles diarios por turno. Sumando ambos turnos y el número de conductores, la cifra alcanza los 2.200 soles diarios, es decir, unos 66 mil soles al mes que irían a manos de extorsionadores. La empresa El Rápido cuenta con alrededor de 960 conductores en total, lo que abre un panorama aún más grave si se confirma que otras rutas, como la 5C, también están siendo sometidas a pagos forzados.