Contraloría advierte compra irregular de avión para la PNP
La entidad detectó que el Ministerio del Interior habría adjudicado un contrato a una empresa que no cumple con los estándares técnicos requeridos por la Aviación Policial.

La entidad detectó que el Ministerio del Interior habría adjudicado un contrato a una empresa que no cumple con los estándares técnicos requeridos por la Aviación Policial.
La Contraloría General de la República ha detectado presuntas irregularidades en un proceso de adquisición de aeronaves por parte del Ministerio del Interior. Según el organismo, la entidad seleccionó como ganadora de una licitación a la empresa AERO EXPRESS ZFZE, de los Emiratos Árabes Unidos, para proveer un avión destinado a la Dirección de Aviación Policial, pese a que la oferta no cumplía con los requerimientos técnicos establecidos por la propia institución policial.
Avión ofertado no cumple estándares de la Aviación Policial
El concurso buscaba reemplazar el antiguo Antonov AN32B de la Policía Nacional del Perú. AERO EXPRESS ZFZE propuso un Antonov AN34 a un costo de 63,9 millones de dólares. No obstante, este modelo no es fabricado por la empresa ofertante, tiene más de 20 años de antigüedad y dejó de producirse en 2004, además de que no cumple con más de diez especificaciones técnicas definidas por los evaluadores. Las otras dos ofertas provienen de la compañía italiana Leonardo con el modelo C-27 Spartan (100 millones de dólares) y de la brasileña Embraer con el E-175 E-1 (60 millones de dólares).
El informe de control destaca que, a pesar de la entrega del reporte de evaluación técnica el 29 de octubre, la adjudicación se otorgó el 31 del mismo mes. En la documentación se señalaban observaciones importantes sobre el equipamiento y características del avión, que no coincidían con los requisitos formulados por la Aviación Policial. La Contraloría considera que, por estas inconsistencias, el Ministerio del Interior debería evaluar la nulidad del proceso.
Actualmente, la adquisición no se ha concretado y el informe ya fue remitido al ministro del Interior, quien tiene un plazo de cinco días hábiles para informar a la Comisión de Control sobre las medidas preventivas o correctivas que se adoptarán ante estas irregularidades.