El Congreso de la República confirmó que el camarógrafo Daniel Luzo, quien habría empleado una cámara institucional para registrar el reciente lanzamiento de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori en Trujillo, presentó su renuncia tras conocerse el presunto uso indebido del bien estatal. El trabajador laboraba en la Oficina de Participación Ciudadana, dependencia bajo la dirección de la primera vicepresidencia del Parlamento, actualmente a cargo de Fuerza Popular.
Procesos administrativos y cuestionamientos por uso de recursos públicos
El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, también integrante de Fuerza Popular, informó que se iniciarán procesos administrativos sancionadores a fin de determinar las responsabilidades del caso. Señaló además que este tipo de situaciones no pueden quedar impunes, pues implican el uso de recursos públicos con fines ajenos a la función legislativa.
Por su parte, el exoficial mayor del Parlamento, José Elice, recordó que los partidos políticos y sus congresistas cuentan con fondos asignados para desarrollar sus actividades, por lo que no existe justificación para utilizar equipos del Congreso sin autorización. Elice advirtió que, como suele ocurrir, el trabajador involucrado podría ser el principal afectado, aunque insistió en que las indagaciones deben esclarecer quién ordenó o permitió el traslado del equipo a La Libertad.
Desde Fuerza Popular, el legislador Ernesto Bustamante negó cualquier vínculo entre el trabajador y el partido, mientras que el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Edwin Lévano —militante fujimorista—, evitó pronunciarse pese a los intentos de comunicación del equipo de prensa. El caso ha reavivado el debate sobre el uso de bienes estatales en actividades partidarias.