Un grupo de especialistas en seguridad ciudadana, convocados por la congresista Flor Pablo, advirtió que varias normas recientes del Parlamento obstaculizan la lucha contra el crimen organizado.
El grupo de trabajo liderado por la congresista Flor Pablo llegó a una conclusión contundente: las denominadas “leyes pro crimen”, aprobadas por el Congreso en los últimos meses, deben ser derogadas. Durante la sesión, especialistas en seguridad ciudadana coincidieron en que estas normas debilitan la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y reducen la eficacia de las investigaciones policiales y fiscales.
Entre las normas más cuestionadas figura la Ley 32108, que obliga a que el investigado y su abogado estén presentes durante un allanamiento, lo que, según los expertos, permite alertar a los implicados y obstaculiza los operativos. También se mencionó la Ley 31990, que redujo los plazos de la colaboración eficaz, complicando la corroboración de información de aspirantes a colaboradores. El coronel PNP (r) Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, advirtió que estas disposiciones “tienen que ser derogadas con urgencia”.
Otra norma polémica es la Ley 32130, que transfiere la investigación preliminar a la Policía Nacional, restando facultades al Ministerio Público. Para el exministro del Interior Carlos Morán, este tipo de medidas “restringen la capacidad operativa de la Policía y la Fiscalía” en un contexto crítico de inseguridad ciudadana.
POSTURA DE GINO COSTA
En la misma línea, el también exministro del Interior Gino Costa afirmó que el presidente encargado, José Jerí, “no podrá luchar eficazmente contra el crimen si no deroga estas leyes”. Costa lamentó que el Congreso no muestre disposición alguna a revisarlas y calificó como una “mala señal” la falta de acción frente a normas como la Ley 31989, que impide la incautación de explosivos a mineros ilegales, o la Ley 32326, que dificulta el decomiso de bienes ilícitos.