El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha dado un paso significativo para mejorar la seguridad en el transporte público de Lima y Callao.
A través de un decreto de urgencia, se instalarán cámaras de vigilancia dentro y fuera de más de 24,000 unidades de transporte urbano. Esta iniciativa, anunciada por el ministro Raúl Pérez Reyes, pretende combatir la delincuencia y brindar mayor seguridad a los usuarios en más de 60 rutas de la capital.
CÁMARAS CON RECONOCIMIENTO FACIAL
Las cámaras de seguridad, que serán instaladas en buses y combis, contarán con tecnología de reconocimiento facial. Esto permitirá identificar a cualquier persona que ingrese a los vehículos y grabar toda la actividad tanto dentro como fuera de las unidades. “Incluso si destruyen la cámara, la información quedará grabada y será enviada a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), donde estará disponible para que la policía pueda utilizarla como evidencia”, explicó el ministro Pérez Reyes.
La medida representa una importante inversión del MTC en tecnología de videovigilancia, la cual se ejecutará en más de 60 rutas de Lima y Callao. Según el ministro, esto ayudará a prevenir y reducir los delitos que se cometen dentro del transporte público, proporcionando una herramienta adicional a las autoridades para identificar a los infractores.
PROCURADURÍA PARA TRANSPORTISTAS
Además, Pérez Reyes anunció la creación de una procuraduría especial dentro de la ATU que se encargará de recibir las denuncias de los transportistas. Este nuevo órgano será el encargado de llevar los casos a la División de Investigación Criminal (Dirincri), facilitando el proceso legal y eliminando trámites engorrosos para las empresas de transporte. “Parte del problema que tenían los transportistas era que debían seguir un procedimiento complicado para denunciar. Ahora la ATU se encargará de todo el proceso”, afirmó el ministro.
Esta medida busca dar respuesta a las crecientes quejas de los transportistas sobre la inseguridad en sus rutas, especialmente ante la reciente ola de extorsiones y ataques que han afectado a varias empresas. La procuraduría será el enlace directo con la policía para agilizar la investigación y persecución de los delitos.