LLAMADO AL CONCENSO
24 Horas edición mediodía se comunicó con Roberto Pereyra, asesor legal de Lima Expresa, para que aclare, desde una perspectiva legal, esta situación.
“Lo que está ocurriendo es el cumplimiento de un mandato judicial como consecuencia de un largo proceso iniciado por el alcalde de la molina en el 2019. En el que él pretendía que estas casetas de peaje se levantaran, cosa que obtuvo en una primera instancia, pero luego de transitar por todo el proceso judicial y llegar al Tribunal Constitucional, finalmente no le dieron la razón, porque no la tenía”, expresó el especialista en leyes.
Pereira agrega que el alcalde de la molina, Paz de la Barra, ha desplegado una serie de acciones para impedir que se ejecute esta decisión judicial poniéndose claramente al margen de la ley, porque “nadie puede impedir que se cumpla un mandato judicial utilizando además recursos de la municipalidad”.
Afirma que tienen los permisos por parte la Municipalidad de Lima Metropolitana para poder reinstalar las casetas de peaje y poder salvaguardar la seguridad de la zona.
También sugiere que la Contraloría debería intervenir inmediatamente para ver qué está pasando con el uso de recursos. “Invocamos a la sensatez y la responsabilidad del alcalde de La Molina”, finalizó.