En las últimas horas el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, deslizó la posibilidad de anular el cobro de peaje de las obras firmadas durante la gestión de Susana Villarán, como parte una lucha frontal contra la corrupción.
Sin embargo, para Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, se trata de un tema delicado, pues las obras no se hicieron con dinero público, sino con inversión privada y extranjera que debe ser pagada.
“¿Por qué? Los contratos de iniciativas privadas gozan de estabilidad jurídica por el dirigismo contractual. Al gozar de la estabilidad jurídica, si Lima desconoce los contratos y asume la conducción de los peajes en consecuencia nos vamos a ir a otro arbitraje internacional donde muy probablemente lo vamos a perder”, expresó.
Por tal motivo las autoridades pertinentes deberán realizar un peritaje para establecer el costo real de la obra y por lo tanto cuanto corresponde devolver.
Asimismo el experto en temas municipales señala que se tendría que renegociar con las empresas que hoy administran los peajes porque no son las mismas que ejecutaron proyectos en la capital.
“Por lo menos ya está demostrado que estos contratos y las adendas habrían sido firmadas con corrupción, entonces evidentemente las empresas que han adquirido estos contratos como Líneas de Lima tienen que ser más flexibles en la conversación que tengan con la Municipalidad Metropolitana de Lima para renegociar los contratos”, sostuvo.
Brookfield es un reconocido fondo de inversiones canadiense que adquirió la mayoría de acciones de Rutas de Lima e 2016. Sus representantes señalaron que durante los primeros años invirtieron más de 2 mil millones de soles en más de 65 obras y que ninguna de ellas fue construida con lo recaudado en peajes.
En tanto, la empresa francesa Vinci que compró la mayoría de acciones de la Vía Expresa Línea Amarilla, indicó que acabaron esta megaobra en 15 meses, invirtiendo más de 3 mil millones de soles y que hasta el momento ha permitido a más de 7 millones de clientes ahorrar tiempo de traslado entre el Centro de Lima y el Callao.
Finalmente ambas entidades aseguraron que respetarán el firme compromiso de cumplir el contrato de concesión y que en ese sentido están a disposición de las autoridades correspondientes para colaborar las investigaciones.