Rafael Belaúnde Llosa: “El CADE estuvo mal enfocado, el Perú ya vivió su ajuste fiscal”

El precandidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, cuestionó la falta de seriedad con que varios postulantes han tomado el CADE Electoral 2025, y consideró que el evento empresarial estuvo “mal enfocado”. En conversación con un medio televisivo, sostuvo que “el Perú ya vivió el ajuste fiscal en los noventa” y que el verdadero desafío ahora es lograr que el crecimiento económico alcance a todas las regiones del país. “El modelo económico no funciona en todo el Perú”, remarcó.

“El CADE estuvo mal orientado hacia los problemas del pasado”

Belaúnde Llosa lamentó que la cita empresarial haya priorizado discursos de corte fiscalista como los de Javier Milei y Axel Kaiser, y propuso que el debate económico se centre en la inclusión y la expansión del mercado. “El desafío del Perú es cómo conjugamos el crecimiento económico basado en la inversión privada con un Estado que nivele la cancha”, explicó, agregando que los esfuerzos deben dirigirse a regiones como Mazocruz o Atalaya, donde los ciudadanos “también deben ser parte del mercado”.

El precandidato advirtió que la inseguridad ciudadana y la corrupción están debilitando la economía y ahuyentando a los inversionistas, especialmente a los pequeños empresarios. “El exalcalde de Lima se ha encargado de convertir al Perú en un destino peligroso para las inversiones”, afirmó, señalando que la recuperación de la seguridad jurídica, política y ciudadana será la tarea central de cualquier próximo gobierno. Además, rechazó las propuestas radicales de Rafael López Aliaga, a las que calificó como “caricaturescas y panfletarias”.

En cuanto al debate sobre la ampliación del Reinfo, Belaúnde Llosa fue tajante al calificarlo como “un instrumento fallido” que ha permitido el crecimiento de la minería ilegal y la economía criminal. “Ha servido para que prolifere la minería ilegal y para que se genere una economía criminal en torno a ella”, sostuvo. En ese sentido, alertó que el Congreso de la República busca reincorporar a 50.000 mineros ya excluidos del registro, una medida que consideró “demagogia barata” y que evidencia la influencia del crimen organizado en el Parlamento.