La propuesta impulsada por Fernando Rospigliosi busca modificar el Código Penal, pero especialistas advierten que la norma ya protege a los efectivos en funciones.
Una nueva iniciativa legislativa presentada por el vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha generado una ola de cuestionamientos. El proyecto plantea modificar el artículo 20 del Código Penal para eximir de responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que, en cumplimiento de su función constitucional, causen lesiones o muertes durante operativos o protestas sociales. Esta propuesta podría tener implicancias directas en los procesos abiertos contra efectivos implicados en los hechos de violencia ocurridos entre finales de 2022 e inicios de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte.
Propuesta de Fernando Rospigliosi genera críticas y dudas sobre su aplicación retroactiva
De acuerdo con el texto presentado, la modificación busca proteger a los agentes que actúen en defensa de bienes del Estado o de terceros, así como de su propia integridad, al hacer uso reglamentario de sus armas o medios de defensa. Sin embargo, especialistas en derecho penal y exautoridades del sector Justicia advierten que la norma vigente ya contempla estos supuestos, por lo que el cambio generaría más confusión que beneficio. Además, alertan que una interpretación amplia podría abrir la posibilidad de justificar el uso de armas en manifestaciones, algo actualmente prohibido e inconstitucional.
La iniciativa también ha sido objeto de críticas por su posible trasfondo político. Algunas voces sostienen que la propuesta busca generar simpatía entre los aproximadamente 170 mil policías y militares habilitados para votar mediante el sistema electrónico. A ello se suma que el proyecto menciona la posibilidad de aplicar sus efectos a casos ya judicializados, lo cual es inviable según los principios del derecho penal, que prohíben la retroactividad de las leyes más favorables cuando los procesos están en curso.
Según datos de la Defensoría del Pueblo citados en la propuesta, 66 personas murieron durante las protestas, 48 de ellas en enfrentamientos directos. Actualmente, existen 201 procesos penales abiertos que involucran a 283 policías y a más de 40 miembros de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, el debate en el Congreso sobre la viabilidad y los alcances de esta propuesta sigue pendiente, a la espera de una posición oficial por parte del Ejecutivo de José Jerí.