Una reciente encuesta de IPSOS para el colectivo País Seguro, publicada por Perú21, revela que el 71 % de los peruanos considera probable que la minería ilegal financie la próxima campaña electoral. Este resultado alimenta la creciente preocupación sobre el vínculo entre economías ilegales y el poder político en el país.
El analista político Iván Arenas advirtió que el riesgo ya no es solo de representación indirecta, sino de una incursión directa de estos grupos en la política. “Quieren llegar al Congreso y al Ejecutivo”, afirmó. Según explicó, las organizaciones vinculadas a la minería ilegal estarían buscando extender su influencia a otros sectores ilícitos como el narcotráfico y el tráfico de armas.
MINEROS INFORMALES EN EL CONGRESO
Estas alertas cobran mayor relevancia tras revelarse que dirigentes de mineros informales ya se han afiliado a partidos con representación parlamentaria. Un ejemplo es el caso de 168 mineros informales de Pataz, inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que actualmente figuran como militantes de Alianza para el Progreso (APP).
Además, se ha reportado que entre enero y mayo de 2024, dirigentes de la minería informal visitaron el Congreso al menos 158 veces, con una frecuencia que se incrementó durante el debate sobre la prórroga del Reinfo.