La primera por ineficiencia en el sector y su incapacidad para dirigir la cartera, y la segunda por la inacción ante la inseguridad ciudadana y crimen organizado que azota al país.
En ocho meses de gestión, el ministro del Interior, Vicente Romero, cuenta con dos mociones de interpelación, la primera por ineficiencia en el sector Interior y su incapacidad para dirigir la cartera, y la segunda por la inacción ante la inseguridad ciudadana y crimen organizado en el país.
En ese contexto, el Gobierno decretó un estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana por el alto índice de la criminalidad, sin embargo, ha pasado 72 horas y no se han reportado capturas de cabecillas de bandas criminales y solo se ha realizado control de identidad en estas zonas.
Además, durante la semana vecinos de SJL y SMP han reportado a los medios de comunicación la nula presencia policial y de las Fuerzas Armadas en zonas roja donde la extorsión, sicariato, asaltos y robos continúan pese a la vigencia de esta medida.
ESTADO DE EMERGENCIA SIN PLAN
Para el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, esta iniciativa del Gobierno no está dando resultados debido a que no cuenta con un plan estratégico para luchar contra la criminalidad. "Debe actuarse con energía y firmeza", dijo.
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