Desde sectores de la sociedad civil hasta instituciones internacionales se encuentran preocupados por el avance en el Congreso de iniciativas que buscarían actualizar el catálogo de delitos informáticos vigentes en el Código Penal.
La tensión se centra en los proyectos de ley 34/2011-CR y 307/2011-CR presentados el 11 de agosto y 5 de octubre de 2011 respectivamente, ante la Comisión de Justicia presidida por Alberto Beingolea, cuyo Dictamen Final fue presentado formalmente el 20 de julio.
El planteamiento, próximo a debatirse en el Pleno, cita textualmente: “No se encuentra dentro del alcance del secreto de las comunicaciones la información relacionada con la identidad de los titulares de telefonía móvil; los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo; el tráfico de llamadas y los números de protocolo de internet (números IP)”, por lo que los proveedores del servicio estarían en la obligación de entregar esta información si lo solicita la Policía o el Ministerio Público.
