El diputado Julián Pérez Mallqui, integrante de Juntos por el Perú (JP), enfrenta una grave denuncia por presunta agresión psicológica y física contra su expareja. El caso fue abordado por el abogado Juan Barrantes, defensa de la víctima, quien pidió que el Congreso actúe y evalúe la situación del parlamentario.
Según Barrantes, los hechos se iniciaron cuando Pérez Mallqui habría acudido al domicilio de su expareja desde tempranas horas de la mañana, insistiendo con llamadas telefónicas y esperando ingresar a la vivienda. El abogado sostuvo que el diputado habría entrado sin autorización cuando el padre de la víctima salió del inmueble.
De acuerdo con la versión de la defensa, el parlamentario subió hasta la habitación de la denunciante y la increpó por no contestar sus llamadas. “¿Con quién estás? ¿Por qué no me contestas?”, habría repetido mientras buscaba dentro del cuarto y hasta en el baño, aparentemente motivado por celos.
El abogado también señaló que la relación ya había terminado el 27 de julio, días antes del incidente. Según explicó, la víctima decidió poner fin al vínculo por episodios previos de conflicto, celos y presuntos actos de control. Barrantes afirmó que no sería la primera vez que se registraban situaciones de violencia en la relación.
La situación escaló cuando la denunciante llamó a la Policía para reportar el ingreso del parlamentario a su vivienda. Ambos fueron trasladados a la comisaría, donde, según la defensa, ocurrió un nuevo episodio de agresión. Barrantes sostuvo que Pérez Mallqui habría amenazado a la víctima y le habría dicho que no conseguiría trabajo en el sector público.
ABOGADO AFIRMA QUE AGRESIÓN OCURRIÓ DENTRO DE LA COMISARÍA
Uno de los puntos más graves de la denuncia es lo que habría ocurrido dentro de la comisaría. Según Barrantes, cuando la víctima salió del baño, Pérez Mallqui la habría sujetado del brazo, le puso el pie para hacerla caer y luego le propinó tres patadas en la pierna. “Fueron tres patadas”, afirmó el abogado durante la entrevista en “Sin Rodeos” con Milagros Leiva.
La defensa también cuestionó la actuación policial, al señalar que un agente habría advertido a la denunciante que podía denunciarla por defenderse, pese a que ella mostraba signos de agresión. El abogado pidió que se investigue lo ocurrido dentro de la dependencia policial en San Miguel, y que se identifique la responsabilidad de quienes debieron proteger a la víctima.
Barrantes confirmó que la denunciante ya cuenta con medidas de protección, por lo que el parlamentario no puede acercarse a su domicilio ni intentar comunicarse con ella. Además, pidió que se conforme cuanto antes la Comisión de Ética del Congreso para que el caso sea evaluado.
Finalmente, la defensa solicitó que el Parlamento escuche a la víctima y revise la documentación fiscal. “Nosotros lo que queremos es justicia”, sostuvo Barrantes, al señalar que buscarán llegar hasta las últimas consecuencias en este caso.