Representantes de diversas bancadas se pronunciaron este lunes a favor de investigar los presuntos actos de corrupción del gobierno pasado e incluso algunos plantearon formar una comisión especial multipartidaria del Congreso que se encargue de indagar los actos irregulares en el último quinquenio.
El legislador de la bancada Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, propuso formar una “comisión ad hoc” conformada por representantes de todas las bancadas “para investigar presuntas irregularidades en Cofopri, EsSalud, Sedapal, la reconstrucción del sur y el Tren Eléctrico, etc.”
Señaló que las comisiones parlamentarias ordinarias también deben investigar, cada una en su sector, las acciones del gobierno aprista y comprobar “si las obras anunciadas son ciertas y verdaderas”.
“Las comisiones de Transporte, Salud y de Vivienda tienen que hacer un inventario e informar exactamente qué ha pasado en cinco años y lo que ha hecho ese gobierno porque las cifras que se han dado son falsas e imposibles de comprobar”, anotó.
García Belaunde también aclaró que una eventual investigación a la gestión de Alan García de ninguna manera puede interpretarse como una supuesta “persecución” contra el gobierno saliente, sino parte de la lucha contra la corrupción en el aparato estatal.
Heriberto Benítez, de Solidaridad Nacional (SN), por su parte, recordó que la obligación “moral y legal” del Congreso es investigar los hechos de corrupción del gobierno saliente y de los que se presenten en el actual.
Planteó, en el caso del gobierno pasado, formar una “megacomisión especial”, como la que investigó al régimen fujimorista, durante el gobierno de Alejandro Toledo, que indague posibles hechos de corrupción en el aparato estatal.
“Hay una obligación moral de actuar de esta manera y no es una persecución política. Estamos aquí para investigar y recoger elementos razonables y enviarlos, si son delitos, al Ministerio Público y si son una infracción a la Constitución inhabilitar a los altos funcionarios culpables”, señaló.
Consideró que sería peligroso para la democracia y el país, pretender tener un silencio cómplice e instaurar el “borrón y cuenta nueva”, cuando hay serios indicios de corrupción, como lo evidencia el llamado caso “petroaudios”.
Marisol Pérez Tello, de Alianza por el Gran Cambio, también se mostró a favor de que se investigue a la anterior administración, como una forma de asegurar la “transparencia y el buen gobierno”.
“Todo el que sale de una gestión debe someterse a una investigación, creo que eso es lo correcto y si se detecta un acto de corrupción que se investigue y se sancione, esa es la manera de evitar la impunidad”, comentó.
Pérez Tello, empero, dijo que su bancada no ha definido aún una posición sobre la posibilidad de formar una comisión especial para este fin.
Consideró, en principio, que deben ser las comisiones parlamentarias las encargadas de investigar la gestión de un gobierno saliente y verificar qué se ha hecho en cada sector “para reconocer los méritos o denunciar presuntas irregularidades”.
Según un informe de la Contraloría desde el 2009 un total de 2,477 denuncias fueron presentadas contra funcionarios que cometieron diferentes actos de corrupción durante el gobierno aprista.
