La Defensoría del Pueblo solicita al Congreso de la República aprobar el Proyecto de Ley 4553/2022-CR, iniciativa que reconoce a los usuarios del servicio de agua y alcantarillado ser compensados por fallas o deficiencias en la prestación del servicio que afecten derechos fundamentales, presentado el 23 de marzo de 2023.
Este documento acoge una de las recomendaciones defensoriales formuladas en el Informe de Adjuntía En defensa de las personas afectadas por cortes del servicio de agua y aniegos: Aportes para el diseño de un mecanismo de compensación por daños.
La institución recordó que los cortes de servicio de agua y aniegos pueden generar graves afectaciones a los derechos de la población. Por ejemplo, en el año 2012, se produjo un aniego por la rotura de tubería matriz de agua potable en el distrito Villa María del Triunfo, que expuso gravemente la salud e integridad de las personas, y originó daños en bienes públicos y privados.
Asimismo, en los años 2019 y 2021 se registraron dos grandes aniegos a causa de roturas de tuberías de aguas residuales en el distrito de San Juan de Lurigancho, los cuales generaron la interrupción de los servicios de agua y saneamiento, y afectaciones a otros derechos fundamentales, como a la salud, al trabajo y a la educación.
DEFICIENCIAS EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Frente a esta problemática, la Defensoría del Pueblo recomendó garantizar que se establezca la obligación legal del Estado, a través de las empresas prestadoras, de compensar a las personas usuarias de los servicios de agua y alcantarillado por deficiencias en la prestación de estos servicios, como son las interrupciones imprevistas, y aquellas cuyo impacto genere la afectación de los derechos a la vida, la integridad física, la salud, la propiedad y la vivienda, entre otros.
“Esta iniciativa legislativa establece el derecho de compensación de las/los usuarias/os, los criterios para fijar la compensación, la obligación de las empresas prestadoras de contratar pólizas de seguros y de contar con planes de contingencia, la implementación de una plataforma de información y la difusión de reportes por interrupciones de los servicios”, explicó Lissette Vásquez, adjunta para los Servicios Públicos.
No obstante ello, la representante de la institución indicó que el proyecto de ley omite incluir la obligación de las empresas prestadoras de publicar los procedimientos que, tanto ellas como las personas usuarias, deberán seguir para activar los mecanismos de compensación; así como, las sanciones por el incumplimiento de estos.
Para la Defensoría del Pueblo este proyecto representa un primer avance en la necesidad de contar con una legislación adecuada que proteja los derechos de las/los usuarias/os del agua, como son la adecuada prestación de los servicios públicos y la debida compensación ante fallas, la cual pueda ser materia de reglamentación o regulación posterior por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, se continuará con el seguimiento al debate y aprobación de esta iniciativa legislativa.
