El proyecto de ley que faculta a la Contraloría General a fiscalizar las declaraciones juradas de interés (DJI) de autoridades y candidatos a cargos públicos, aprobado por el Congreso, fue observado por el Ejecutivo por colisionar con sus competencias y omitir efectos sancionadores contra los infractores.
Esta iniciativa legislativa fue respaldada por el Parlamento y exonerada en segunda votación. El texto original incluía las sanciones para los infractores a la norma, sin embargo, esa parte se retiró del documento final.
Por otro lado, el Ejecutivo observó también que el Congreso no puede autorizar a la Contraloría la aprobación de disposiciones reglamentarias, pues esa facultad es exclusiva del Jefe de Estado según el artículo 118 de la Constitución, informó el diario Correo.
Cabe destacar que fue el Gobierno que aprobó un decreto de urgencia 020-2019, donde establece que todo funcionario público deberá presentar su DJI en la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros, esta ley aprobada del Pleno era una respuesta a dicha norma.
