El vocero de Gana Perú, Fredy Otárola, calificó de justa la decisión de archivar la acusación contra el renunciante segundo vicepresidente y descartó que este hecho afecte el compromiso del Ejecutivo de luchar contra la corrupción.
Sostuvo que para sancionar a una persona es necesario acreditar fehacientemente pruebas de la comisión de un delito, situación que –dijo- no pudo comprobarse en este caso.
“El estado constitucional de derecho implica respeto al debido proceso y consecuentemente no podríamos sancionar a nadie cuando no se ha demostrado o acreditado siquiera pruebas o indicios de la comisión de un delito”, subrayó.
Por ello, ratificó que la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de no acusar constitucionalmente a Chehade Moya en ninguna forma debilita el compromiso del gobierno de luchar frontalmente contra la corrupción.
