El gremio periodístico respaldó este viernes las observaciones del Gobierno a la norma que penalizaba la difusión de comunicaciones privadas conseguidas de manera ilícita, la denominada “Ley mordaza” que amenaza la libertad de expresión.
Para el Consejo de la Prensa Peruana (CCP), la norma observada propiciaba la censura al abrir las puertas a sanciones penales contra quienes difundan informaciones de interés público provenientes de la interceptación ilegal de las comunicaciones.
Kela León, directora del CPP, consideró acertado que el presidente Ollanta Humala Tasso haya observado la norma y aclaró que la oposición a la mencionada iniciativa no supone que se opongan a la sanción judicial por el acto ilegal.
Consideró necesario hacer un amplio debate para fijar lineamientos sobre cómo amparar el derecho a la información y libertad de expresión, preservando a la vez el derecho a la intimidad, la honra y la privacidad de las comunicaciones de las personas.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) consideró positivo que se observara la norma y que el Poder Ejecutivo propusiera una redacción en la que se exima de responsabilidad penal la difusión de comunicaciones de interés público, siempre y cuando no existiera una intervención directa ni indirecta en su obtención ilegal.
Roberto Pereyra, asesor legal de este instituto, señaló que ese es el estándar vigente en el derecho internacional y recomendó al Congreso acoger la sugerencia del Gobierno.
“El interés público fundamenta la libertad de expresión. Entonces, siempre que quien difunde no haya participado del delito de interceptación, sino que le haya llegado el material de fuente anónima, no tiene porque acarrearse responsabilidad penal”, comentó.
Mientras que el Colegio de Periodistas de Lima (CPL) indicó a su vez que si la norma del Congreso no hubiera sido observada por el Ejecutivo, se habría afectado la libertad de expresión, sobre todo en materia de la fiscalización que realizan los medios de comunicación.
Óscar Olórtegui, decano del CPL, consideró que el Congreso, al momento de revisar la observación del Ejecutivo, debe realizar un debate plural, que incluya a los gremios periodísticos y a otros sectores para evitar algún riesgo de afectar la libertad de expresión.
