El Ministerio Público informó que los chóferes que causen accidentes y se nieguen a pasar el dosaje etílico podrían recibir una sanción entre seis meses y cuatro años de prisión por el delito de resistencia a la autoridad.
De otro lado, se detalló que en el caso de los delitos de amenaza a la autoridad los agravantes precisan penas de hasta ocho años de prisión, por ejemplo, cuando el hecho es cometido por dos o más personas, o cuando el autor es funcionario público.
Pero más grave aún es cuando el delito de amenaza a la autoridad se comete a mano armada, contra un magistrado del Poder judicial o la Fiscalía, cuando se causa una lesión grave, cuando se impide la erradicación de cultivos ilegales o la investigación de delitos graves. En todos estos casos la pena puede ser de hasta doce años de cárcel.
