La Mesa Directiva del Legislativo aprobó dejar sin efecto la norma, vigente desde septiembre del 2006, que obligaba a rendir cuentas con documentos del 90% de sus gastos operativos, es decir, la partida de S/.7,617.20 que les desembolsa mensualmente el Estado, ni sustentar el 10% restante mediante declaración jurada.
Según informó un diario local, desde agosto último los 'padres de la patria' solo acreditan mediante recibos o facturas un monto no menor al 30% y el 70% restante, más de S/.5 000, queda a su disponibilidad, ya que solo se requiere entregar una declaración jurada simple.
Pese a que existe un reclamo ciudadano por sincerar los gastos operativos de los legisladores, a través de campañas cívicas como "Adopta un Congresista", el presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, opinó que la norma, adoptada durante la gestión de Mercedes Cabanillas, carecía de sustento legal.
"El acuerdo es ceñirse a lo que establece el artículo 22º del Reglamento Interno", declaró al diario Perú21.
Este hecho ocurre mientras el Parlamento registra una alta desaprobación popular en las encuestas, debido a las denuncias periodísticas, junto con otras razones, contra parlamentarios como Elsa Canchaya, Margarita Sucari, José Anaya, entre otros, acusados de abusar de sus facultades para enriquecerse ilícitamente.
Al respecto, la defensora del pueblo, Beatriz Merino, dijo en RPP, que el reembolso de dinero en el Congreso por concepto de gastos operativos "debe ser transparente".
"Quien recibe un dinero del Estado debe rendir cuentas escrupulosamente. El ciudadano debe saber cuales son los gastos y no solo la Contraloría de la Nación", opinó.
