El Premier negó que la regulación del uso de la fuerza militarice el país

La norma que aprueba el uso de la “fuerza letal” por parte de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, no “implica sacar los tanques a las calles”. En tal sentido, consideró “falsas” las versiones que afirman que el gobierno pretenda militarizar el país de cara a las protestas de los distintos sindicatos y otros sectores en el territorio nacional. Argumentó que, por ejemplo, durante el último paro nacional del 9 de julio, los militares garantizaron el funcionamiento de los servicios básicos, como la electricidad y agua, así como en los puertos y aeropuertos; entre otros. La controvertida norma, publicada ayer en el diario El Peruano, cuenta con 14 artículos en los que se establecen los niveles de intensidad del empleo de la “fuerza letal” y “no letal”, se definen los escenarios de participación, las acciones ante intenciones hostiles y las reglas en tareas previstas. El nuevo reglamento permite a los militares la utilización de la fuerza letal para evitar los saqueos y el vandalismo, es decir, el uso de las armas para la intervención de las personas que usen la fuerza contra los uniformados o civiles bajo la protección militar. Se establece, asimismo, que el accionar de los militares podrá producirse en zonas no declaradas en emergencia así como en el apoyo a la Policía para el control interno, el cual es considerado inconstitucional por los organismos defensores de derechos humanos. El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo, dijo que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en situaciones de emergencia, y no en conflictos sociales como el reciente huelga nacional. “Las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra y no pueden ser utilizadas para la conflictividad social”, expresó. Por su parte, la jefa del área de Defensa y Reforma Militar del Instituto de Defensa Legal, Ana María Tamayo, consideró “incompatible con la democracia” la nueva función que otorga el gobierno a los militares y advirtió que podría crearse una “fuerza armada parapolicial”. Para el legislador de UPP Víctor Mayorga, el gobierno ha creado los instrumentos legales que “criminaliza la protesta social, convirtiendo al Ejército en la nueva Policía” y la medida representa una “actitud represiva”.