Toledo deberá responder por doce investigaciones ante la justicia

Razones no le faltaban al líder de Perú Posible -aunque precisión en el número de casos, sí- pues la Procuraduría Pública Ad Hoc, a cargo de Gino Ríos Patio, ha impulsado, de forma paralela, 12 denuncias en su contra en el fuero judicial y legislativo. Eso, claro, sin contar los 22 casos que se tramitan en las fiscalías anticorrupción contra funcionarios de su gobierno, en cuatro de los cuales está implicada su esposa, Eliane Karp. Los presuntos delitos por los que Toledo ha sido denunciado ante la Fiscalía de la Nación y el Congreso incluyen peculado y colusión, tipificados en los artículos 384 y 387 del Código Penal, donde se estipula una pena máxima de 15 años de prisión. Una de las primeras denuncias admitidas en el despacho de la Fiscalía de la Nación responsabiliza al ex mandatario del presunto delito de peculado por haber utilizado las aeronaves de la FAP para viajar, con sus amigos y su esposa, a Punta Sal. Según el procurador Ríos, Toledo se trasladó al balneario en 97 ocasiones, generándole al Estado un gasto de dos millones 200 mil soles. Pero ese no es el único destino cuestionado. También está la denuncia planteada por el viaje que, en octubre de 2001, hizo el ex presidente a Shanghai y a Beijing. El presunto delito que se le imputa es el de peculado de uso, pues Toledo "permitió, autorizó y consintió" el viaje de cinco personas que no formaban parte de la comitiva oficial. Estos invitados fueron su hija Chantal, su sobrino Jorge 'Coqui' Toledo, sus amigos Adam Pollack y Joseph Maiman y Mariella Pinto Rocha, pareja del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Diego García Sayán. Cinco años después, en mayo de 2006, Toledo realizó otro periplo hacia Viena y Madrid, pero de camino a la ciudad española hizo una escala no autorizada en Málaga. ¿La excusa? Acudir a una invitación de empresarios de esa ciudad. ¿La consecuencia?: una denuncia penal que, al igual que la anterior, está pendiente en el Ministerio Público. Estos tres casos fueron también presentados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que los admitió y que, ahora, están pendientes de ser debatidos en el Pleno. Otra de las denuncias se basa en el viaje que realizó, en junio de 2003, a California, EE.UU., para asistir a la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford. La acusación, planteada ante el Congreso, precisa que Toledo utilizó el avión presidencial para "responder a una invitación personal y no oficial". Señala el documento que el ex mandatario buscaba reforzar sus relaciones personales con la referida casa de estudios dado su interés de laborar allí una vez culminado su periodo presidencial. Actualmente, por cierto, forma parte del staff de profesores de Stanford. La Fiscalía y el Parlamento también investigan a Toledo por gastos corrientes realizados durante su gestión, sobre todo en los años 2003 y 2006. El "dispendio", se indica, se habría producido en la compra de bebidas alcohólicas, artículos elaborados en plata y cenas gourmet. Por este caso, se le acusa de los presuntos delitos de peculado de uso y colusión. La 'caja chica' del despacho presidencial también habría servido, según otra acusación del procurador Ríos, para solventar una fiesta organizada por Alejandro Toledo para sus seguidores de Perú Posible en el Círculo Militar, el 9 de setiembre de 2001, que alcanzó los 18 mil soles. Las dos últimas denuncias por las que el ex gobernante deberá responder corresponden a gastos realizados con su esposa. La primera se sustenta en el desembolso que, bajo la modalidad de 'encargo', se efectuó para implementar la Oficina Especial de Apoyo a la Primera Dama, en 2001. El documento enviado al Congreso señala que una de las primeras acciones de esta oficina fue "cursar un oficio al despacho presidencial para solicitar la ejecución de un encargo interno por un monto de 200 mil soles para gastos y, mediante Resolución Directoral 007-2001, se aprobó por gastos de menor cuantía", de los que nunca se rindió cuenta. Finalmente, el periplo por Cusco y por otras ciudades del Perú para filmar, junto con un equipo de Discovery Channel, el documental The Royal Tour, que le costó al Estado un total de un millón 218 mil soles, es otra acusación por la que el ex presidente de la República deberá responder(Tomado de Peru 21).