El gobierno de Venezuela dijo este lunes que respeta la decisión del Perú de concederle el asilo político al dirigente sindical venezolano Carlos Ortega, acusado de "rebelión civil e instigación para delinquir".
El ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, dijo que la concesión del asilo está "dentro de las competencias del gobierno (peruano) de acuerdo al derecho internacional", por lo cual respeta la determinación de dicho país anunciada el domingo.
"Respetamos la decisión del Perú, nosotros que abogamos por la independencia, la soberanía, la autodeterminación y el derecho de los pueblos no podemos oponernos a decisiones internas", precisó el funcionario.
En Lima la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), brazo sindical del gobernante Partido Aprista, anunció que recibirá "con los brazos abiertos" a Ortega por considerarlo un político opuesto "al gobierno dictatorial de Chávez".
"Carlos Ortega es mi amigo personal y pido al gobierno peruano que se le brinden las garantías necesarias para su vida", dijo Elías Grijalba, secretario general de la CTP, señalando que desconocía si Ortega se encontraba en Perú.
"Yo he estado en contacto directo con la Confederación de Trabajadores de Venezuela, pero no lo he visto y no sé su paradero, pero estoy a favor de él", dijo Grijalba.
Sin embargo, una fuente vinculada a esa central sindical que pidió el anonimato dijo que Ortega ha estado oculto en Lima con apoyo de la CTP. "Lo tuvimos oculto un tiempo porque su vida corre peligro, de ahí pasó a la clandestinidad", añadió.
Ortega se fugó de la prisión militar de Ramo Verde el 13 de agosto del año pasado junto a otros militares encarcelados, los coroneles Jesús y Darío Faría, así como el hermano de éstos, el capitán Rafael Faría.
El ex líder sindical cumplía una condena de 16 años por rebelión civil e instigación a delinquir y fue uno de los promotores del paro petrolero que se extendió de diciembre de 2002 a febrero de 2003, lo que le llevó a asilarse en marzo de 2003 en Costa Rica para evitar un proceso judicial.
Después de permanecer un tiempo en clandestinidad, el ex presidente de la CVT fue capturado en febrero de 2005 en Caracas por las autoridades venezolanas.
Perú también concedió asilo a militares simpatizantes de Hugo Chávez en noviembre de 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori(agencias).