El Gobierno modificó la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, mediante el Decreto Legislativo N.° 1746 publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, con el propósito de crear el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte).
De acuerdo con la norma, la implementación y administración del registro corresponderán a la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena) y su contenido tendrá carácter secreto, a fin de identificar y enfrentar estructuras delictivas que empleen métodos terroristas con fines ilícitos.
Para declarar a una banda como organización criminal con prácticas terroristas e inscribirla en el Renocte, el Cosedena evaluará criterios objetivos como poseer una estructura delictiva organizada y jerarquizada; planificar, ejecutar o promover atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra contra personas, viviendas, transporte, servicios públicos, infraestructura esencial o actividades económicas; y buscar un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo. Las entidades públicas deberán entregar la documentación requerida para dicha evaluación y, una vez aprobado el acuerdo, la Sedena registrará los datos de la organización, sus integrantes y colaboradores.
Alertas migratorias, congelamiento de fondos y agravante penal
La disposición legal ordena que el Cosedena revise periódicamente si subsisten las condiciones que motivaron la inscripción en el Renocte, mientras que la Sedena enviará la información de las personas naturales inscritas a la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) para activar alertas migratorias.
Asimismo, la norma vincula el registro con las potestades para ordenar el congelamiento inmediato de fondos o activos de personas naturales o jurídicas incluidas en listas internacionales sobre terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, así como en el propio Renocte. Por último, el decreto legislativo incorpora como agravante del delito de organización criminal el empleo del terror para obtener un beneficio económico ilícito, fijando penas privativas de libertad de entre 15 y 35 años para los miembros de estas agrupaciones delictivas.