Tras el violento ataque ocurrido en Trujillo, donde falsos policías simularon un operativo para asesinar a balazos a cuatro personas que se encontraban al interior de una camioneta y secuestrar a un empresario. El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Manuel Arriola Delgado, vuelve a estar en el centro de los cuestionamientos.
El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer y vuelve a poner bajo la lupa la respuesta de la Policía frente a la creciente inseguridad ciudadana. En medio de esta situación, la bancada de Renovación Popular emitió un pronunciamiento para exigir la renuncia de Arriola y reclamar al Gobierno “acciones inmediatas para recuperar el orden”.
Este pedido ha abierto un debate sobre las condiciones legales para removerlo del cargo, donde actualmente, la Ley 31570 establece un periodo de dos años para el comandante general, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año, y contempla causales específicas para su cese.
ARRIOLA Y LAS RESTRICCIONES PARA SU SALIDA
Óscar Arriola fue designado comandante general de la PNP en octubre de 2025, cuando tenía el grado de teniente general, durante la gestión de la entonces presidenta Dina Boluarte.
La norma contempla el cese por fallecimiento, solicitud voluntaria de pase al retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave o una sentencia firme del Poder Judicial por delito doloso, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Ejecutivo para retirar al jefe policial.
NUEVAS CAUSALES PARA REMOVER DEL CARGO
Por otro lado, la diputada Catherine Palomino, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que busca ampliar las causales de cese del comandante general de la PNP. La iniciativa plantea incorporar la “pérdida de la idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo”, siempre que esta comprometa gravemente la conducción, dirección o funcionamiento de la institución.